Ante la demora y la falta de información que se mantiene durante casi 14 meses, la Plataforma considera legítimo opinar en función de los datos o indicadores conocidos, las declaraciones publicadas y las fuentes jurídicas consultadas y transmitir sus impresiones a la población en general, bajo los siguientes puntos:
1. La irresponsabilidad de la Sra. Cospedal, el Sr. Echániz, el Sr. Carretero y el Sr. López de la Manzanara es manifiesta y el daño ya está hecho. Ya causaron alarma con el anuncio de privatizar la gestión de un histórico hospital bien gestionado y la demora en su diseño y concreción son una falta de respeto tan desconocida hasta ahora que han generando un desasosiego y una frustración absolutos. La preocupación y protesta de la inmensa mayoría de miles de ciudadanos, con presencia en manifestaciones, más de 20.000 firmas, marchas, debates municipales, encierros y ríos de palabras de protesta, nunca se va a olvidar.
Permanecerá en la memoria colectiva. Por tanto, hay que estar alerta para cuando el Consejero, o quien sea, nos expliquen, algún día, lo que han pensado hacer, si se atreven a hacerlo, desde la distancia que han marcado con la ciudadanía, no solo de quienes no les votaron, sino de buena parte de los que lo hicieron. La actual conclusión es ésta: si se han mostrado incapaces o indecisos para poner en orden sus ideas y sus estudios, en un tiempo razonable y han estado improvisando, podemos aventurar el futuro de nuestra salud. El Sr. Carretero ya ha dicho que si se equivocan ahora no extenderán las privatizaciones, luego lo de ahora siempre ha sido un experimento.
2. Es seguro que lo que comenzó con el Hospital incluye ahora las zonas básicas de salud y, el conjunto, es un paquete que se denomina ahora Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Manzanares, al que hay que unir las residencias de mayores.
3. El primer obstáculo de orden legal que ha sido detectado por la Plataforma es que la titularidad del Hospital de Manzanares, desde hace mas de 35 años, la tiene la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sujeta al principio de “unidad del patrimonio de la Seguridad Social distinto al del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos…debiendo figurar los inmuebles adscritos en el balance de la Seguridad Social …”.
La Comunidad Autónoma, vía SESCAM, no es el titular. Solo tiene facultades de uso y una adscripción reversible “en supuestos de no uso o cambio de destino para el que se adscriben” los bienes, con arreglo a la normativa sobre transferencias del INSALUD del año 2001. No conocemos que el SESCAM tenga autorización de la TGSS para ceder el uso de inmuebles a terceros y, además, que lo pueda hacer gratuitamente. Si carece de legitimación o desnaturaliza la finalidad de la transferencia, existe el riesgo de perder, en la práctica, un patrimonio público, y ello podría hacer nulos esos pactos y permitir la reversión.Esta particularidad no afecta a otros centros, como Tomelloso o Villarrobledo, porque sus Hospitales fueron construidos y son de la titularidad del SESCAM.
4. Va adquiriendo carta de naturaleza el hecho de que la GAI de Manzanares está atribuida ya a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, sin previa licitación pública. Si ya conocemos al concesionario y están pactando todo, es una tomadura de pelo la remisión a la libre concurrencia. Por tanto, con el mayor respeto hacia esta entidad directamente dependiente de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano (no es una ONG, aunque la entidad misma no tenga ánimo de lucro) y tiene reconocido el carácter benéfico-particular, su gestión no augura ser mejor, ni mas barata, que la hasta ahora demostrada por los gestores públicos.
Esta situación solo sugiere lo siguiente:
A) La creación de una entidad nueva, como un consorcio, para intermediar la operación de privatizar la gestión. Este Consorcio suele crearse por tiempo indefinido, para hipotecar lo más posible el futuro, con unos estatutos y un Consejo Rector, participado paritariamente. En este Consorcio el SESCAM aportaría todos los medios materiales iniciales gratuitamente y la entidad benéfico-privada se encargaría de la gestión y de la prestación de los servicios sanitarios, no sanitarios y socio-sanitarios convenidos, a cambio de una cantidad fija anual alzada o regida por parámetros complejos de controlar y otra por habitante (la cápita).
La opacidad de esta fórmula ya es conocida y no satisface a los expertos y no nos sirve de referencia el consorcio del año 2003 entre la Junta de Andalucía y el Hospital de San Juan de Dios de Aljarafe, porque este Hospital pertenece a la Orden Hospitalaria y se incorporó al Servicio Andaluz de Salud, como si fuera público, mediante consorcio y acuerdos, para cubrir una zona de mas de 230.000 habitantes, que carecía de atención especializada, todo lo cual ya fue y es hoy objeto de numerosas críticas por distintas causas.
B) En el marco del consorcio para Manzanares, es presumible que se prescinda de cualquier clase de concurrencia prevista legalmente, como por ejemplo de los Ayuntamientos que son dueños de los edificios de algunos Centros de Salud, como es el caso de Membrilla o uno de los de Manzanares, y también pueden quedar fuera los órganos internos (Junta asistencial) o Consejos consultivos de participación ciudadana, exigibles en nuestro sistema nacional de salud (consumidores y usuarios, profesionales, trabajadores, ayuntamientos, etc..) fundamentalmente para evaluar la asistencia sanitaria, quedarán seguramente al margen.
C) Cualquier acuerdo con la Orden Hospitalaria de SJdD, incluirá en su plan de gestión una “cartera de servicios” para la actual GAI de unos 45.000 habitantes, lo que representa, de antemano, un fracaso total de las históricas aspiraciones de crecimiento del pueblo de Manzanares, de sus distintas Plataformas y, durante el último año, de los desvelos y gestiones que ha asegurado el equipo del Alcalde Sr. López de la Manzanara, sobre la ampliación de la zona sanitaria. Esta restricción poblacional, unido al componente confesional de la entidad concesionaria, permite suponer:
· Una cartera de servicios más restringida que la actual, con posible exclusión de los procesos quirúrgicos relacionados con la oncología, en todas las especialidades (otorrino, cirugía general y del aparato digestivo o ginecología); muy probable exclusión de algunas prótesis o recambios protésicos y, tal vez, en consonancia con el ideario confesional de la concesionaria, problemáticas relacionadas con la planificación familiar o exclusiones como ligaduras de trompas o vasectomías (si esto fuera así, no solo se privaría de un servicio hoy existente, sino que iría contra los principios de un estado aconfesional en centros de titularidad pública).
· Previsiones para el mayor rendimiento económico posible de la gestión, a través de compromisos de reducción de tiempos de hospitalización en algunos procesos; indicaciones médicas para limitar la necesidad de pruebas diagnósticas; reducción de gastos farmacéuticos; restricciones en la derivación de la atención primaria a la especializada; pactos por facturación intercentros de muy difícil control externo o ausentes de transparencia; reservas de porcentajes para atenciones a otros procesos facturables, no incluidos en la cartera de servicios pactada.
· Ya se ha comentado la posibilidad de ofertas o tentaciones económicas, especialmente al personal facultativo, para su excedencia como estatutario y conversión en contratos laborales. Esta práctica es una importación de otros hospitales bajo gestión privada y, en algunos casos ha habido sorpresas de posterior amortización de plazas, con despidos o rebajas sustanciales por no responder a las expectativas exigidas.
Las anteriores reflexiones seguramente no estimulan, pero en las actuales circunstancias es lo único que podemos ofrecer. Y seguiremos aquí, hasta el final, si es que hay final.
Manzanares, 16 de enero de 2013.
LA PLATAFORMA DEL HOSPITAL DE MANZANARES.
